Las imágenes de la denominada Operación Imperio Ámsterdam han ocupado portadas, noticiarios y redes sociales durante las últimas semanas. Allanamientos a dispensarios, detenciones, formalizaciones y acusaciones de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos han dominado la conversación pública. La investigación debe seguir su curso y serán los tribunales los encargados de determinar responsabilidades. Sin embargo, en medio de ese debate parece haberse perdido una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con los pacientes?.
La discusión se ha concentrado casi exclusivamente en los aspectos policiales y judiciales del caso. El riesgo es que termine instalando una asociación simplista entre cannabis medicinal y delincuencia. Y ese es un error que puede afectar a miles de personas que utilizan cannabis con fines terapéuticos legítimos.
Detrás de los titulares existen pacientes con dolor crónico, personas con cáncer y familias que conviven con enfermedades complejas. Entre ellos se encuentran niños con epilepsias refractarias, como los síndromes de Dravet o Lennox-Gastaut, condiciones para las cuales existe evidencia científica que respalda el uso de formulaciones basadas en cannabidiol (CBD). Esta evidencia ha sido reconocida internacionalmente y ha permitido incluso la aprobación de medicamentos específicos para estos pacientes.
Como químico farmacéutico y académico, me parece fundamental distinguir entre la investigación de eventuales delitos y la realidad de los pacientes. Una investigación penal puede determinar responsabilidades individuales, pero no debería transformar en sospechosos a quienes utilizan cannabis bajo indicación médica ni a las familias que buscan alternativas terapéuticas para enfermedades complejas.
Reconocer el valor terapéutico de determinados cannabinoides tampoco significa ignorar la necesidad de fiscalización. Una sociedad moderna debe ser capaz de proteger simultáneamente la salud pública, la seguridad sanitaria y el cumplimiento de la ley. El verdadero desafío consiste en distinguir entre un eventual uso indebido de un sistema y las necesidades legítimas de quienes realmente requieren estos tratamientos.
El desafío para Chile no es decidir si está “a favor” o “en contra” del cannabis. El desafío es construir un marco regulatorio capaz de garantizar acceso seguro, calidad y protección para los pacientes, evitando al mismo tiempo espacios que puedan ser utilizados de manera indebida.
Si algo debiera enseñarnos este caso es que la discusión no puede reducirse a una crónica policial. Cuando los pacientes desaparecen del debate, perdemos de vista el objetivo principal de cualquier política sanitaria: mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades y necesitan soluciones terapéuticas seguras, eficaces y basadas en evidencia.
Dr. Rodrigo Díaz Viciedo Académico Universidad de Valparaíso